Por JAC
La corrupción sigue siendo un cáncer que corroe las estructuras del gobierno en Yucatán, y lo peor es que se encuentra en manos de funcionarios como Mauro Armin Lizama Córdova. Este individuo, bajo las órdenes de Joaquín Huacho Díaz, ha encontrado una forma de lucro a costa de los más vulnerables: los vendedores ambulantes.
Un caso reciente expone la forma grotesca en que el funcionario aprovechó su posición para hacer un cobro abusivo a una mujer que, en busca de sustento para su familia, se encontraba vendiendo kibis y polcanes en las inmediaciones de la Secretaría del Bienestar. Según su relato, un supuesto inspector se le acercó y le exigió el pago de 500 pesos como “derecho de piso”, bajo la amenaza de retirarla del lugar si no accedía a la demanda.
Lo que escandaliza aún más es que el recibo de pago fue expedido por el Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY), una institución que, hasta donde se sabe, no tiene competencia alguna para recaudar dinero de este tipo. ¿Qué hace el IDEY actuando como una especie de “recaudadora” del gobierno de Huacho Díaz? Esta práctica no solo es ilegal, sino que huele a corrupción a kilómetros de distancia. ¿Adónde va a parar ese dinero?
Además, el recibo, que lleva el membrete oficial del IDEY y el sello con fecha del 4 de febrero de 2025, refleja un descaro sin límites. Una mujer que solo vendía unos pocos kibis y polcanes, sumidos en la miseria, terminó siendo despojada de su venta, mientras los funcionarios seguían con su jornada como si nada.
El hecho de que en el recibo se indique que la vendedora es “beneficiaria” de esta transacción solo agrava la situación, pues insinúa que el cobro, lejos de ser una imposición, es parte de un sistema fraudulento que los ciudadanos no pueden eludir. Es imposible no preguntarse: ¿quién se beneficia de esta recaudación?
Es un insulto al pueblo yucateco que funcionarios como Mauro Armin Lizama Córdova se aprovechen de la necesidad de los más humildes para enriquecerse. Este acto, que fue presenciado por varios testigos, demuestra la impunidad con la que operan estos servidores públicos, que se esconden detrás de su cargo para explotar a quienes luchan día a día por sobrevivir.
Lo más indignante es que, después de este acto de extorsión, el supervisor de Lizama Córdova intentó justificar su accionar alegando que la vendedora había “amenazado” al funcionario, un argumento completamente infundado y que resalta aún más la prepotencia y el abuso de poder de estos personajes.
Es imperativo que la ciudadanía se levante y exija que se ponga fin a estas prácticas corruptas que, lejos de ser un hecho aislado, forman parte de una estructura de poder que se perpetúa en el tiempo. El gobierno de Huacho Díaz y sus funcionarios no pueden seguir pasando por alto la dignidad de las personas más vulnerables, pues es claro que esta es una sociedad que clama por justicia.
Es hora de hacer responsables a estos funcionarios y de erradicar el cáncer de la corrupción que sigue infestando nuestras instituciones.
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