Por Jhony Alamilla Castro
Las fiestas patronales en los pueblos de Yucatán son, en teoría, una celebración de la identidad cultural y las tradiciones locales. Sin embargo, detrás de la música, los colores y la alegría, se esconde un negocio redondo que beneficia a unos cuantos a costa del sufrimiento de seres vivos. Las corridas de toros y los torneos de lazo, lejos de ser una expresión cultural, son un espectáculo de crueldad animal y un lucrativo negocio que los diputados locales se niegan a regular. ¿Hasta cuándo permitiremos que el dinero justifique la barbarie?
El punto medular de estas fiestas son las corridas de toros y los torneos de lazo, eventos que no solo representan un maltrato atroz hacia los animales, sino que también ponen en riesgo la vida de los jinetes y asistentes. Los toros son sometidos a un estrés extremo, heridos y, en muchos casos, asesinados en nombre del entretenimiento. Los caballos, por su parte, son forzados a participar en torneos de lazo donde, en ocasiones, terminan corneados y destripados. Y no olvidemos a las personas: en un evento en Kanasín, donde un joven perdió la vida, es un recordatorio trágico de los peligros que conllevan estas prácticas.
Pero, ¿por qué no se legisla para frenar esta barbarie? La respuesta es simple: dinero. Como bien lo señaló el ex diputado Harry Rodríguez Botello Fierro, que fue presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso local, estos eventos son un negocio jugoso y redondo. La venta de entradas, bebidas alcohólicas (muchas de ellas adulteradas) y hasta drogas genera millones de pesos que llenan los bolsillos de alcaldes, empresarios y otros actores involucrados. Los permisos para la realización de estos eventos, aunque los Ayuntamientos se lavan las manos, son otorgados bajo la mirada cómplice de quienes deberían regularlos.
Desde hace años, se ha intentado legislar sobre este tema, pero los intereses políticos y empresariales han impedido cualquier avance. En 2018, el exdiputado Marcos Nicolás Rodríguez Ruz, del PRI, presentó una iniciativa que declaraba las corridas de toros, el casteo de gallos y las calesas como “patrimonio cultural intangible del estado de Yucatán”. Una propuesta que, lejos de proteger a los animales, los condenaba a seguir siendo víctimas de una tradición disfrazada de cultura. ¿Dónde quedó la sensibilidad humana en esa iniciativa?
Es urgente que los diputados locales asuman su responsabilidad y presenten una iniciativa para prohibir las corridas de toros y los torneos de lazo. No son los municipios, sino el Congreso del Estado, quien tiene la facultad de legislar sobre este tema. Sin embargo, la falta de voluntad política es evidente. Mientras tanto, los animales siguen sufriendo, las personas siguen muriendo y los bolsillos de unos cuantos siguen llenándose.
En Mérida, un ex regidor de Mérida mencionó que la tauromaquia está regulada por un comité que vela por la edad y el peso de los toros, así como por las instalaciones y el aforo. Pero, ¿es suficiente? La existencia de un comité no justifica la crueldad inherente a estas prácticas.
La prohibición de las corridas de toros y los torneos de lazo no es solo una cuestión de ética animal, sino de justicia social. Estas prácticas no solo perpetúan el sufrimiento de los animales, sino que también fomentan un ambiente de violencia, alcoholismo y drogas que afecta a toda la comunidad. Es hora de que Yucatán deje de escudarse en los “usos y costumbres” y avance hacia una sociedad más justa y compasiva.
Las fiestas patronales no deben ser sinónimo de crueldad y corrupción. Es momento de que los diputados locales asuman su responsabilidad, dejen de lado los intereses económicos y legislen en favor de la vida y la dignidad. Prohibir las corridas de toros y los torneos de lazo no es solo una necesidad ética, sino un imperativo moral. Yucatán merece una cultura que celebre la vida, no la muerte.
Un Yucatán progresista no se construye sobre el sufrimiento de los más vulnerables.
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