Por Jac
Cancún, ese paraíso turístico que ha sido el orgullo de México, se ve nuevamente empañado por un acto de prepotencia y autoritarismo que no puede ni debe quedar impune. Esta vez, el protagonista de este bochornoso episodio es un encargado del Hotel Riu, de nacionalidad española, quien, en un acto de soberbia inaceptable, decidió arremeter contra unos turistas mexicanos bajo el argumento más absurdo y ofensivo posible: “porque yo lo digo”.
¿En qué momento un empleado de un hotel, por más alto que sea su rango, se cree con el derecho de tratar a los huéspedes como si fueran súbditos? ¿Desde cuándo el poder de decidir sobre los derechos de los clientes recae en la arbitrariedad de una persona? Este encargado español no solo demostró un desconocimiento flagrante de las leyes mexicanas que protegen a los consumidores, sino también una actitud arrogante que raya en el abuso de autoridad. Retirar los brazaletes de huéspedes sin una orden de desalojo formal, y mucho menos sin una justificación válida, es un acto que no puede quedar sin consecuencias.
Lo más grave de este asunto es que este individuo, en su afán de imponer su voluntad, parece haber olvidado que en México existe la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), una institución que está precisamente para proteger a los turistas y clientes de este tipo de abusos. ¿Acaso el señor encargado desconoce que sus acciones pueden llevar a sanciones severas para el establecimiento que representa? ¿O es que, en su prepotencia, cree que está por encima de la ley?
Este incidente no es solo un reflejo de la actitud de un individuo, sino también de una cadena hotelera que, al parecer, no ha sido capaz de establecer protocolos claros para evitar que sus empleados actúen de manera arbitraria. El Hotel Riu, una marca que se vende como sinónimo de calidad y servicio, debe responder por las acciones de su personal. No basta con disculparse después de que el escándalo estalla; es necesario tomar medidas concretas para que hechos como este no se repitan.
Hacemos un llamado enérgico a la Profeco para que intervenga de inmediato en este caso. Los turistas mexicanos, y todos aquellos que visitan nuestro país, merecen ser tratados con respeto y dignidad. No se puede permitir que un encargado, llámese español o de cualquier otra nacionalidad, abuse de su posición para humillar a los clientes. La Profeco debe investigar a fondo este incidente y, de ser necesario, imponer sanciones ejemplares que sirvan como un mensaje claro: en México, los derechos de los consumidores no son negociables.
Cancún no puede permitirse otro golpe a su imagen. La industria turística es el sustento de miles de familias, y actitudes como la de este encargado del Hotel Riu no solo dañan la reputación de un hotel, sino la de todo un destino. Es hora de que las cadenas hoteleras internacionales entiendan que operar en México no les da carta blanca para maltratar a los turistas. La prepotencia no tiene cabida aquí.
A los turistas, les decimos: no se queden callados. Denuncien cualquier abuso. Y a la Profeco, le exigimos: actúen con firmeza. No podemos permitir que la arrogancia de unos pocos siga manchando el nombre de Cancún y de México.
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