Cancún, ese destino soñado por millones de turistas, se está convirtiendo en un escenario de pesadilla. La reciente denuncia de un grupo de turistas que asegura haber sido víctima de abusos, agresiones y robos por parte de la Policía Turística y el personal de los hoteles RIU no es un hecho aislado. Es la punta del iceberg de un problema que lleva años pudriéndose bajo el sol caribeño: la impunidad y el abuso de poder en uno de los destinos turísticos más importantes del mundo.
Según los afectados, lo que comenzó como un evento festivo en los hoteles RIU Caribe y RIU Palace Península terminó en violencia, golpes, amenazas y despojo de pertenencias. Lo más indignante es que, presuntamente, quienes debían garantizar la seguridad de los turistas —la Policía Turística y el personal de seguridad privada— fueron los mismos que perpetraron estos actos. ¿Dónde quedó el protocolo? ¿Dónde quedó el respeto a los derechos humanos? Parece que en Cancún, la ley es un saludo a la bandera.
Lo grave no es solo el hecho en sí, sino la falta de respuesta. Ni la Policía Turística ni los hoteles RIU han emitido un comunicado serio que aclare lo sucedido. El silencio es cómplice, y en este caso, es un silencio ensordecedor. Mientras tanto, las víctimas, que solo buscaban disfrutar de sus vacaciones, se quedan con la sensación de que la justicia es un lujo que no pueden permitirse.
Este incidente no es nuevo. Quintana Roo, y en particular Cancún, han sido escenario de múltiples denuncias por abusos de autoridad y violencia por parte de las fuerzas de seguridad y el personal de hoteles. Cada vez que ocurre algo así, las autoridades prometen investigar y castigar a los responsables, pero al final, todo queda en la nada. La impunidad es la norma, no la excepción.
El problema no es solo ético, es económico. Cancún vive del turismo. Su imagen internacional es su mayor activo, pero cada denuncia de abuso, cada agresión, cada acto de corrupción, es un clavo más en el ataúd de su reputación. Los turistas no olvidan, y las redes sociales son un megáfono que amplifica cada injusticia. Si las autoridades no actúan con contundencia, el daño podría ser irreversible.
Es hora de que el gobierno de Quintana Roo, los hoteleros y las fuerzas de seguridad tomen cartas en el asunto. No basta con promesas vacías. Se necesitan investigaciones transparentes, sanciones ejemplares y un cambio estructural en la forma en que se maneja la seguridad en la zona. Los turistas no son cifras, son personas, y merecen ser tratadas con dignidad y respeto.
Cancún no puede permitirse seguir siendo sinónimo de abuso e impunidad. El paraíso no puede convertirse en un infierno.
Deja una respuesta