Por JAC
El escándalo que ha salido a la luz en Conkal, involucrando a la exalcaldesa Hiselle Díaz del Castillo, revela un patrón de corrupción que no solo mancha la administración local, sino que también pone en peligro la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas. Según las acusaciones, la construcción del complejo de seguridad C4, que debería haber sido una obra fundamental para la protección de los habitantes, se transformó en un proyecto de intereses personales, desviando más de 15 millones de pesos destinados a la seguridad del municipio.
El terreno donde se edificó el C4, propiedad de un particular, fue utilizado sin resolver su situación legal, lo que ya debería haber levantado banderas rojas en cualquier proceso administrativo. La exalcaldesa, al continuar con el proyecto a pesar de conocer las irregularidades, no solo despreció la ley, sino que evidenció su falta de responsabilidad y compromiso con el bienestar de la comunidad.
El argumento presentado por la actual administración de Conkal, que incluye la denuncia de que el dueño del terreno ahora exige 15 millones de pesos por la propiedad o amenaza con demoler la infraestructura, pinta un panorama sombrío de desorden y falta de planeación. Esta situación no es solo un error de cálculo, sino una clara falta de ética en el ejercicio del poder. Un proyecto que debió haber sido aprobado y ejecutado con transparencia y responsabilidad parece haber sido manejado de manera negligente, si no es que con intención de beneficio personal.
Este episodio es un reflejo de un sistema político que sigue mostrando una desconexión alarmante entre las promesas de servir al pueblo y las acciones de quienes detentan el poder. La exalcaldesa, tras las elecciones, dejó de lado sus compromisos con el pago del terreno, desapareciendo sin dar una respuesta clara a la comunidad. Su actitud no es solo una falta de profesionalismo, sino una profunda traición a la confianza que los ciudadanos pusieron en ella para dirigir sus recursos de manera honesta y eficiente.
Este escándalo no es una anécdota aislada, sino un síntoma de un mal mayor que corroe las estructuras de la política en muchas partes de México. La corrupción sigue siendo una práctica sistemática que, en lugar de ser erradicada, se perpetúa con la complacencia de aquellos que deberían velar por la justicia. Si no se actúa con firmeza para sancionar este tipo de abusos, el futuro de la democracia en municipios como Conkal podría estar comprometido.
La falta de transparencia y la evasión de responsabilidades solo sirven para profundizar el desencanto social. Los ciudadanos de Conkal merecen saber qué pasó con los 15 millones de pesos de sus impuestos, y deben exigir que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos. La corrupción es un cáncer que destruye la confianza en las instituciones, y es hora de que los responsables de este daño sean llamados a rendir cuentas.
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