Por JAC
La inminente ola de deportaciones de yucatecos desde Estados Unidos es un tema que exige atención inmediata, pero parece que Joaquín “Huacho” Díaz, gobernador de Yucatán, no tiene un plan concreto para enfrentar esta situación. Es lamentable que quien está al frente de las políticas públicas en el estado parezca más enfocado en proyectar una imagen en redes sociales que en abordar problemas reales que afectan a sus ciudadanos.
En los últimos días, la incertidumbre ha crecido entre las familias de migrantes yucatecos que temen el regreso de sus seres queridos en condiciones precarias, después de haber sido detenidos y deportados por las políticas migratorias cada vez más estrictas de Estados Unidos. Sin embargo, lejos de una respuesta proactiva, el gobierno estatal parece carecer de una estrategia clara para integrar a estas personas a la vida económica y social de Yucatán.
La ausencia de un plan es alarmante. Los yucatecos deportados enfrentan numerosos desafíos: desde encontrar empleo hasta reintegrarse en una sociedad que muchas veces los ve como ajenos por haber vivido tantos años fuera. Estos retornados no solo necesitan programas de capacitación laboral, sino también apoyo psicológico, asistencia legal y oportunidades educativas para sus hijos. Pero, ¿qué está haciendo el gobierno al respecto? Poco o nada.
Joaquín “Huacho” Díaz, quien se ha destacado por sus constantes apariciones en redes sociales, parece más preocupado por proyectar una imagen de cercanía con los ciudadanos que por enfrentar los problemas estructurales del estado. Mientras tanto, parece despreocupado disfrutando de España con el pretexto de la FITUR, acompañado de una comitiva de funcionarios que podrían estar atendiendo los problemas urgentes en casa.
Este abandono no solo refleja una falta de empía hacia los yucatecos que regresan al estado, sino también una visión limitada sobre el impacto que esto tendrá en la economía local. En lugar de ver a estos migrantes como una carga, deberían ser considerados una oportunidad para enriquecer la fuerza laboral y cultural del estado. Pero esto requiere voluntad política y acciones claras, no solo discursos vacíos.
Resulta irónico que, en un estado donde se presume de tradiciones y unidad comunitaria, las autoridades ignoren a aquellos que se vieron obligados a emigrar para buscar un futuro mejor. Estos migrantes no solo enviaron remesas que impulsaron la economía local durante años, sino que también llevaron consigo la cultura yucateca, enriqueciendo las comunidades donde se asentaron. Ahora que enfrentan el retorno forzado, es el deber del gobierno recibirlos con dignidad y ofrecerles un camino claro para reconstruir sus vidas.
Es urgente que “Huacho” Díaz presente un plan de acción que contemple medidas reales para atender las necesidades de los deportados. El silencio y la inacción no son opciones cuando está en juego el bienestar de tantas familias. Yucatán merece líderes que se preocupen por su gente, no figuras políticas que se limiten a buscar likes en redes sociales.
Los yucatecos deportados necesitan algo más que palabras: necesitan compromiso, recursos y acciones concretas. Es hora de que Joaquín “Huacho” Díaz demuestre que es digno del cargo que ocupa y que su prioridad es el bienestar de todos los yucatecos, dentro y fuera de nuestras fronteras.
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