Por JAC
El panorama de seguridad en Yucatán, lejos de la imagen pacífica que se pretende proyectar, ha sufrido un incremento preocupante en los últimos meses, con episodios de violencia que ya no pueden pasarse por alto. Sin embargo, el gobernador Joaquín Díaz Mena, aludiendo a su discurso oficial, ha responsabilizado a administraciones anteriores de los actuales problemas de seguridad. Pero este intento de desviar la atención de su responsabilidad solo refleja la falta de acción efectiva desde su llegada.
En un vídeo reciente, Díaz Mena comentó que la violencia es un “producto” de la falta de atención en gobiernos pasados, adoptando la clásica estrategia política de echar culpas hacia atrás. No obstante, al analizar la realidad de los hechos, queda claro que la violencia no es una consecuencia lejana de administraciones previas, sino que comenzó a agudizarse en el periodo que él encabeza. Es bajo su gestión que hemos visto un aumento de los actos vandálicos y el recrudecimiento de la violencia en varias partes del estado, con dos casos particularmente alarmantes que demuestran el nivel de descomposición social: el linchamiento en Tekit y un reciente ataque armado en un centro comercial.
En el primer caso, ocurrido en el municipio de Tekit, un hombre fue brutalmente linchado por una turba de personas que lo acusaban de robo. Este acto de justicia por mano propia no solo expone la falta de confianza en las autoridades locales, sino que también refleja una creciente impunidad y el vacío de poder que permite que los ciudadanos tomen la justicia en sus manos. La situación de violencia en este municipio es solo un ejemplo más de lo que está ocurriendo a lo largo de Yucatán.
El otro hecho alarmante ocurrió en el centro comercial de Mérida, donde un enfrentamiento armado entre bandas rivales dejó varios heridos. Este tipo de actos violentos, antes poco comunes en un estado tradicionalmente tranquilo, son ahora una constante, generando pánico entre la población y poniendo en evidencia la incapacidad del gobierno estatal para frenar la violencia que ha crecido de forma desmesurada bajo su administración.
Es evidente que el gobernador no puede seguir echando mano de excusas y responsabilizando al pasado para ocultar las fallas de su propio gobierno. Los ciudadanos de Yucatán necesitan tener una seguridad contundente y una estrategia de seguridad efectiva que ataque las causas de la violencia y recupere la paz que históricamente caracterizó al estado como uno de más seguros en México. Los eventos ocurridos no son una simple casualidad ni un efecto secundario de malas decisiones anteriores; son el resultado directo de la falta de acción y la incapacidad de este gobierno para hacer frente a la realidad que atraviesa Yucatán.
La violencia en Yucatán no tiene nombre ni justificación, pero sí responsables: aquellos que prefieren ignorar el problema, desviar la mirada hacia el pasado y no ofrecer soluciones concretas. La paz no es una promesa vacía ni un lujo; es una necesidad urgente que debe ser atendida con acciones, no con discursos.
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