Por JAC
En una clara muestra de opacidad y posible corrupción, el alcalde de Lázaro Cárdenas, Josué Nivardo Mena Villanueva, ha asignado 9.4 millones de pesos a una empresa conocida como Desarrollo Inmobiliario AJAL S.A.P.I. de C.V., cuya reputación está manchada por presuntos desvíos de fondos en Yucatán. La empresa pertenece a Adriana Teresita Atocha Escalante Rosado, una contadora que ya tiene historial por irregularidades en contratos de obra en Tizimín en el año 2022.
En la oscuridad se llevo a cabo el contrato millonario fue destinado para la construcción de cuartos dormitorios en las comunidades de Ideal, Nuevo Xcan, Ignacio Zaragoza, Valladolid Nuevo y Tintal, dentro del municipio de Lázaro Cárdenas. Los fondos, provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUNDF), deberían haber sido utilizados entre el 15 de noviembre y el 24 de diciembre de 2024. Sin embargo, a la fecha no se ha confirmado la ejecución de estas obras.
La transparencia estuvo ausente en una sesión de cabildo sin precedentes, los detalles del contrato se mantuvieron en secreto, desde el nombre de la propietaria hasta el domicilio fiscal y las firmas involucradas. Este manto de silencio sugiere un intento deliberado de ocultar información, dejando en el aire la pregunta de quién se beneficia realmente de estos recursos.
La Historia Inmobiliaria AJAL, fundada en septiembre de 2021, rápidamente comenzó a recibir contratos públicos. Menos de un año después, Escalante Rosado fue señalada por malversación de 3 millones de pesos destinados a proyectos de pavimentación en Tizimín, en presunta complicidad con el entonces alcalde Pedro Francisco Cohuo Suaste. Curiosamente, el domicilio fiscal de AJAL en Mérida es solo una casa particular, sin indicios de ninguna actividad empresarial.
La corrupcion confirmada A pesar de los antecedentes y las acusaciones, Nivardo Mena Villanueva decidió confiar de nuevo en Escalante Rosado. El contrato fue respaldado por el tesorero municipal, Javier Alejandro Martínez Correa, y la directora de Obras Públicas, Nelly Yareny Valdez. Preocupantemente, no existe un padrón claro de beneficiarios ni evidencias de la entrega de las viviendas proyectadas.
Un patrón de desfalco de este incidente se suma a una larga lista de acusaciones contra la administración de Nivardo Mena, quien, a pesar de ser investigado por desvíos superiores a los 40 millones de pesos, sigue adelante con el apoyo del partido Morena, habiendo sido reelecto como alcalde. La asignación de contratos a empresas fantasma sigue siendo un modus operandi para el desvío de recursos públicos en los municipios, mientras los habitantes quedan sin obras y sin respuestas.
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