Por JAC
El linchamiento ocurrido en Tekit, Yucatán, no es solo un acto de violencia extrema; es el síntoma de un sistema de justicia y seguridad pública que ha fallado de manera rotunda. La quema de un hombre, identificado como “El Huero”, por parte de una turba enfurecida, es un hecho que nos obliga a reflexionar sobre las profundas grietas en nuestra sociedad y las instituciones que deberían protegerla.
En primer lugar, es imposible justificar la violencia. Ningún acto de barbarie, por más indignación que genere, puede ser avalado como un mecanismo de justicia. Sin embargo, es igualmente imposible ignorar el contexto que llevó a este desenlace. Según los reportes, el agresor, un drogadicto que había aterrorizado a la comunidad en repetidas ocasiones, consumió drogas y alcohol antes de atacar brutalmente a Doña Candy, una persona de la tercera edad, quien perdió la vida a causa de este acto despiadado. Lo más alarmante es que la Fiscalía General del Estado (FGE) había sido alertada en múltiples ocasiones sobre la peligrosidad de este individuo, pero no actuó a tiempo. ¿Dónde estaba el Estado cuando la comunidad lo necesitaba? ¿Por qué las autoridades brillaron por su ausencia hasta que fue demasiado tarde?
El linchamiento no es solo un acto de venganza; es el grito desesperado de una comunidad que se siente abandonada. Los ciudadanos de Tekit, cansados de ver a vándalos como “El Huero” amenazarlos y sembrar el miedo, decidieron tomar la justicia en sus propias manos. Este hecho no ocurrió en un vacío: es el resultado de años de negligencia por parte de las autoridades. No hay policía municipal vigilando las calles, no hay presencia efectiva del gobierno estatal encabezado por Huacho Diaz, y el alcalde de Tekit tampoco ha mostrado la capacidad o la voluntad para garantizar la seguridad de sus habitantes. La gente está harta de vivir con miedo, de ver cómo la delincuencia avanza impunemente mientras las autoridades se limitan a ofrecer discursos y promesas incumplidas.
La responsabilidad de las autoridades es ineludible. El gobierno estatal, encabezado por Huacho Díaz , tiene la obligación de garantizar la seguridad en todo Yucatán, incluyendo municipios como Tekit. Sin embargo, la falta de estrategias efectivas y la ausencia de una presencia policial constante han dejado a las comunidades vulnerables. Por su parte, el alcalde de Tekit no puede eludir su responsabilidad. Es su deber coordinar con las instancias estatales y federales para proteger a los ciudadanos, pero su inacción ha sido evidente. ¿Qué hizo la policía municipal cuando ocurrió este hecho? ¿Por qué no se implementaron medidas preventivas ante las repetidas denuncias sobre la peligrosidad de “El Huero”?
Este suceso es el reflejo de un problema sistémico. Las comunidades rurales en México, como Tekit, suelen ser las más olvidadas por las autoridades. La falta de inversión en seguridad, la ausencia de programas de prevención del delito y la nula atención a problemas como las adicciones y la salud mental han creado un caldo de cultivo para la violencia. “El Huero” no era solo un agresor; era una persona con problemas de adicción que, probablemente, nunca recibió la atención que necesitaba. Esto no excusa sus acciones, pero sí nos obliga a preguntarnos: ¿Cuántos casos como este podrían prevenirse si existieran políticas públicas efectivas?
El linchamiento en Tekit es una tragedia que nos interpela a todos. Nos recuerda que la violencia no es la solución, pero también nos obliga a exigir un Estado que cumpla con su deber. La justicia no puede ser un acto de venganza colectiva; debe ser el resultado de un sistema que funcione. Y, por desgracia, en México, ese sistema sigue siendo una promesa incumplida.
Las autoridades deben asumir su responsabilidad. La FGE no puede limitarse a abrir una investigación y esperar que el caso se archive. Debe trabajar para reconstruir la confianza de la comunidad y garantizar que hechos como este no se repitan. El gobierno estatal y el municipal deben coordinar esfuerzos para fortalecer la seguridad en Tekit y en todo Yucatán. La gente no puede seguir viviendo con miedo, y mucho menos tomar la justicia en sus propias manos porque las autoridades no hacen su trabajo.
El linchamiento en Tekit es una llamada de atención urgente. La seguridad no es un privilegio; es un derecho básico que el Estado está obligado a garantizar. Mientras las autoridades sigan fallando, episodios como este seguirán repitiéndose, y la línea entre la justicia y la barbarie seguirá difuminándose.
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