Por JAC
El regreso de miles de mexicanos deportados desde Estados Unidos en la primera semana del nuevo gobierno de Donald Trump pone nuevamente en evidencia la fragilidad de la política migratoria de México. Según informó la presidenta Claudia Sheinbaum, del 20 al 26 de enero llegaron al país 4,094 personas deportadas, la mayoría mexicanos, cifras que parecen mantenerse dentro de los parámetros regulares, pero que en el contexto actual no deben tomarse a la ligera.
Las cifras no mienten: más de 190,000 personas fueron deportadas a México entre enero y noviembre de 2024, un promedio mensual de 17,200 deportaciones. Estas estadísticas, aunque aparentemente “normales” según el gobierno, representan una crisis humana que sigue afectando a miles de familias y comunidades.
El reto no es menor. Cada deportación no solo significa una persona regresando a su país, sino un individuo enfrentando el desafío de reintegrarse en un entorno que no siempre ofrece las oportunidades necesarias para reconstruir una vida digna. México, como receptor, no puede limitarse a ser un espectador pasivo de esta crisis.
Si bien la presidenta Sheinbaum asegura que no ha habido un “incremento sustantivo” en las deportaciones, las políticas migratorias de Trump podrían alterar este escenario en cualquier momento. Su gobierno ya ha mostrado un enfoque agresivo y punitivo hacia los migrantes, lo que podría desencadenar un aumento significativo en las expulsiones en los próximos meses.
El verdadero problema no radica únicamente en las cifras, sino en la falta de infraestructura y programas integrales para atender a los deportados. ¿Qué sucede con estas personas una vez que cruzan la frontera? ¿Qué oportunidades tienen para reinsertarse en una sociedad que, muchas veces, los ve como extranjeros en su propia tierra?
La administración actual tiene la obligación de fortalecer los programas de apoyo para los migrantes retornados, desde oportunidades laborales hasta servicios psicológicos y sociales. Ignorar esta problemática es condenar a miles de personas al abandono, perpetuando un ciclo de precariedad y desigualdad.
Es imperativo que México aborde esta situación con seriedad, diseñando políticas públicas que trasciendan la retórica y se traduzcan en acciones concretas. No basta con registrar cifras de deportados; es necesario construir un país que ofrezca alternativas reales para aquellos que regresan en busca de una segunda oportunidad.
La crisis migratoria no es solo un tema de fronteras o números, es una cuestión de humanidad y justicia social. México no puede darse el lujo de mirar hacia otro lado. Porque detrás de cada cifra hay una historia, un rostro y un futuro que merece ser reconstruido.
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