El diputado federal y exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, ha vuelto a ser protagonista en los medios, pero esta vez no por su carrera política ni por su gestión como mandatario, sino por una grave acusación: su media hermana, Nidia Fabiola, lo ha denunciado por presunta violación en grado de tentativa. Ante este señalamiento, Blanco no se limitó a negar los hechos, sino que tomó una postura desafiante, declarando que se encontraba siendo víctima de una “guerra sucia”. Más allá de defender su honor o aclarar la situación, el legislador optó por una jugada que podría tener repercusiones en el futuro del derecho penal: la presentación de una iniciativa para que los hombres puedan defenderse ante acusaciones infundadas de abuso sexual.
Blanco, quien se autodenomina una “buena persona, de buenos sentimientos” y afirma que es un hombre de familia con “dos niñas” y una madre, busca usar su figura política para encaminar una propuesta que considera esencial para la protección de los derechos de los hombres. Según su visión, cualquier hombre podría ser víctima de acusaciones falsas y por ello la legislación debería ofrecerles un mecanismo de defensa.
A simple vista, el planteamiento parece ser una extensión de la presunción de inocencia, un principio jurídico fundamental en cualquier sistema democrático. Sin embargo, detrás de esta propuesta se esconde una narrativa mucho más compleja. En un país donde la violencia de género es una realidad devastadora, donde las mujeres enfrentan una constante lucha por que sus denuncias sean tomadas en serio, la propuesta de Blanco podría ser interpretada como un intento de deslegitimar las denuncias de abuso sexual.
México se enfrenta a un problema de impunidad en casos de violencia sexual, con más del 90% de los delitos quedando impunes. En este contexto, presentar una iniciativa para proteger a los hombres de acusaciones infundadas parece restar atención a la verdadera urgencia: asegurar que las víctimas de abuso sexual reciban una respuesta judicial efectiva. La idea de que los hombres necesitan una protección adicional frente a acusaciones de abuso puede sonar razonable en términos de equilibrio, pero plantea el riesgo de amplificar la desconfianza en el sistema de justicia y desviar recursos y atención de lo que realmente importa: la protección de las víctimas y la lucha contra la impunidad.
Es importante recordar que el derecho penal debe equilibrar la presunción de inocencia con la protección de las víctimas. En un sistema judicial democrático, la defensa de la persona acusada es fundamental, pero también lo es asegurar que las denuncias sean investigadas con el mismo rigor y que las víctimas tengan acceso a justicia. La iniciativa de Blanco, lejos de buscar una solución equitativa, podría interpretarse como una jugada política que, en lugar de fortalecer el sistema de justicia, refuerza una cultura de victimización masculina que no responde a las necesidades sociales urgentes.
En conclusión, aunque la idea de que cualquier hombre tenga el derecho de defenderse ante acusaciones infundadas es comprensible desde una perspectiva de derechos humanos, es crucial que las propuestas legislativas no desvirtúen el problema de fondo: la lucha contra la violencia de género y la impunidad que la rodea. La política debe centrarse en la construcción de un sistema judicial más justo, donde se priorice la protección de las víctimas y se garantice que todos, sin importar su género, puedan tener acceso a la justicia de manera equitativa.
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