En el gabinete del Gobierno de Yucatán, esta la figura de Clemente Escalante Alcocer, quien actualmente dirige el Patronato Cultura, es un espejo que refleja las contradicciones y los vicios que han marcado la administración pública en el estado. Este análisis no solo se centra en el individuo, sino en lo que representa en el entramado de poder y corrupción.
Escalante Alcocer, un político con raíces en Valladolid y protegido de la exgobernadora Ivonne Ortega Pacheco, ha sido acusado de ser uno de los responsables del quebranto financiero del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey) durante su gestión en la administración de Ortega. La acusación apunta a desvíos de recursos que, según se alega, dejaron al instituto en una situación precaria, afectando el bienestar de miles de trabajadores. Esta denuncia ante la Auditoría Superior del Estado, interpuesta por legisladores del PAN, aún no concluye, y la sombra de la corrupción sigue acompañando a Escalante.
Lo que resulta aún más irónico es la trayectoria política de Escalante. Durante las campañas de 2012 y 2018, se destacó por su feroz oposición a Joaquín Díaz Mena, a quien llamó traidor y denigró públicamente cuando este último intentó la gubernatura bajo las banderas del PAN y luego de Morena. Sin embargo, el destino político dio un giro, y ahora, Escalante no solo es parte del mismo partido al que vilipendió, sino que ocupa una posición clave en el gobierno de Díaz Mena, manejando un presupuesto de considerable magnitud.
La asignación de Escalante al Patronato Cultura, con un presupuesto de 500 millones de pesos para 2025, más los ingresos de varias entidades culturales y turísticas, es un punto de preocupación. La historia reciente ha mostrado cómo este organismo puede ser utilizado como una “caja chica” para fines personales o políticos, algo que no escapa a la mirada crítica cuando se sabe del pasado de Escalante. La administración pasada no estuvo libre de estas acusaciones, y la actual parece seguir el mismo sendero, colocando a figuras con antecedentes de corrupción en puestos de alto manejo de fondos públicos.
La ironía no termina ahí; Escalante, quien criticó duramente a Díaz Mena por cambiar de partido, ha seguido el mismo camino, pasando del PRI a Morena, lo que revela una falta de principios y una tendencia oportunista que permea en la política yucateca. Este “chapulinazo” al partido de López Obrador, que se jacta de no mentir, no robar y no traicionar, es un claro ejemplo de cómo las prácticas políticas en Yucatán siguen siendo más de lo mismo, donde la lealtad y la ética quedan en segundo plano frente al pragmatismo y la ambición personal.
Mirando el gabinete actual de Yucatán, no es difícil encontrar nombres que, como el de Escalante, tienen un historial cuestionable. Esto sugiere una cultura de impunidad y una continuidad de prácticas corruptas que, lejos de ser erradicadas, parecen ser un requisito implícito para ocupar cargos de relevancia. La transparencia y la honestidad, tan prometidas, parecen ser solo palabras vacías en la boca de quienes gobiernan.
En conclusión, la presencia de Clemente Escalante Alcocer en el Patronato Cultura no es solo un capítulo personal de ascenso y caída moral, sino un síntoma de una enfermedad mayor en la administración pública yucateca. Es un recordatorio de que, sin una reforma profunda y un compromiso real con la integridad, la transformación que muchos esperan seguirá siendo solo una ilusión en el horizonte político de Yucatán.
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